Benefactorías o sociedades para la defensa de la propiedad

 

En mi opinión España no sufrió las consecuencias del feudalismo, ya que este apenas existió en la península. Por ello casi todos los repobladores de esa tierra de foris o de fuera como llamaban los galaicos a las tierras del sur de la cordillera astur-leonesa, eran hombres libres, propietarios, además de enfiteutas, solariegos o júniores de hereditate. Asimismo, estos propietarios que dieron origen a las presuras individuales y colectivas, se asociaron voluntariamente muy a menudo, para acoger un patrocinio o un pacto entre un señor, capaz de defenderles de una agresión a cambio de proporcionarles un bien por ellos trabajado. Así empiezan las sociedades de protección para la propiedad de la presura, donde el señor protector podía ser elegido libremente y a la vez, en caso de no estar contentos con su servicio, poder abandonarlo con plena libertad. De estas sociedades de protección o benefactorías se tienen constancia a partir del siglo XI, con los llamados homines de benefactoría que eran pequeños propietarios libres asociados a un servicio de protección de un señor. Así, con el inicio de la repoblación surge, efectivamente, hombres libres, campesinos, que ocupan tierras y las cultivan en libertad, en un clima social igualitario y por ello la idea de la inexistencia del feudalismo en España es defendida por muchos historiadores, a la tesis que me acojo en mi descripción del concepto de presura. Aunque ello se da primordialmente en León y Castilla, también se ha probado su existencia en Cataluña.

 

Este hombre libre, presurista, enfiteuta, campesino, se agrupa generalmente en aldeas, formándose comunidades normalmente reforzadas por vínculos gentilicios. En términos generales, se aceptaba la propiedad privada (posesoria) de la tierra de pastos y cultivo, y se explotaron en común los bosques y praderas colindantes (presuras colectivas). A partir del siglo XI, esta propiedad particular o privada va cambiando hacia el régimen de señorío, aunque de carácter jurisdiccional, es decir, como sociedad de protección en cuanto existía esa sociedad directa entre el propietario libre y el dador de servicios de protección que era el señor. Otra cosa es el señorío territorial, que ya pertenecía a la figura del rey que donaba unos territorios por servicios contraídos, y por lo tanto prebendas.

 

Fue la necesidad de ayuda del hombre libre, pequeño propietario, desprotegido, la que llevó a estos hombres a buscar los servicios de protección. Estas encomendaciones, patrocinios o pagos a cambio del servicio de protección fueron de diversos tipos, pero en lo que respecta a la posesión del hombre libre se basaba en el convenio de benefactoría, que era un amparo territorial o protección del territorio, conteniendo una base personal, pues era una relación entre dos hombres libres, de distinta condición económica y social, por la que el más poderoso protegía al más débil. A cambio de este bien, se recibía una compensación (entrega de tierras o pago de un censo). La duración era variable y el encomendado podía romper la relación y buscar otro señor. Esta institución evoluciona a mitad del siglo XIII, dónde es conocida como behetría. La evolución del nombre es más profunda, aunque exista una identidad del fondo, pues el pacto hace referencia al territorio, behetría, y ya no tanto a las personas objetos de la protección, que pasan a ser los miembros de la estirpe. Pero este es otro cantar.

 

Por ello, el hombre libre busca él mismo el servicio que necesita para el desarrollo de su particular economía. Es decir, si existe un bien o una propiedad a la que hay que defender, sea por su derecho posesorio principalmente o por su propiedad, por lo menos en lo que respecta al bien, la necesidad de un Estado no es prioritaria. Es más, la relación pactológica es directa entre dos propietarios que pueden ofrecerse un servicio mutuo, creando un mercado. Este servicio es personal e implica una responsabilidad moral propia, una respuesta al contrato de confianza que se crea entre estos dos individuos. Ya se ha visto que para refrendar el pacto de confianza no es necesario que el Estado, llámese rey en este caso aunque todavía no lo podamos llamar así, lo haga valer o constar, ya que se basa en la oportunidad de un intercambio recíproco de bienes y servicios, donde aquel sencillamente ve a despersonalizar la responsabilidad del pacto entre dos individuos propietarios. Para las empresas actuales, llámese presuras colectivas, en cuanto los emprendedores-empleados son propietarios o el emprendedor es un presurista individual, el pacto es el mismo. ¿Por qué se debe de pagar a un Estado por la protección o el amparo, cuando es un ente despersonalizado del que además se puede prescidir? En la presura el contrato era de benefactoría, es decir, se podía cambiar de señor ya que se era un propietario libre, tanto en la individual, como la presura colectiva. Ahora, el presurista tiene que estar bajo el dominio de un contrato vitalicio de una sociedad de protección que se convierte en sociedad de opresión. No hay tal pacto, sino un señorío estatal, donde el propietario pasa más bien a ser un siervo del Estado territorial, con lo que implica la pérdida de la libertad personal y la nueva servidumbre moderna. El señor territorial ahora se le llama Estado y nosotros los nuevos siervos.

 

 

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